La disputa de inversión minera entre First Quantum Minerals y Panamá
Fuente: Reuters
El 27 de noviembre de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia de Panamá, en Sesión Plenaria, declaró inconstitucional la Ley No. 406, de 20 de octubre de 2023. Esta ley aprobó el contrato de concesión de cobre entre Panamá y Minera Panamá, S.A., filial de First Quantum Minerals (FQM).
Se trata de la segunda anulación de la concesión de Cobre Panamá. En sentencia del 21 de diciembre de 2017, la Corte Suprema declaró la nulidad de la Ley N° 9 (26 de febrero de 1997), que aprobó la concesión de producción minera. Sin embargo, esta sentencia no se publicó en la Gaceta Oficial hasta 2022. Tras la publicación del fallo, el Ministerio de Industria y Comercio ordenó medidas para suspender las operaciones mineras. En consecuencia, en diciembre de 2022, la compañía inició dos procedimientos arbitrales basados en la concesión minera y el Tratado de Libre Comercio (TLC) Panamá-Canadá.
En todo caso, en 2023, el Ejecutivo negoció un nuevo contrato de concesión aprobado en virtud de la Ley N° 406. Después de varias protestas ambientales, la Corte Suprema dictó su decisión, anulando el contrato.
A partir de esta nueva polémica, el 1 de diciembre, FQM anunció nuevas demandas de arbitraje basadas en el fallo del 27 de noviembre de 2023.
Las dos demandas de arbitraje
FQM inició arbitrajes paralelos basados en incumplimientos de contratos y violaciones de tratados. El alcance de estos arbitrajes, como se explica en otra parte, es diferente: mientras que el arbitraje contractual sólo puede abordar los incumplimientos contractuales, el arbitraje basado en tratados puede considerar otras medidas adoptadas por el Gobierno en relación con los derechos mineros, incluyendo la sentencia del Tribunal Supremo.
El arbitraje contractual se basa en la Cláusula XVI de la concesión minera, que define el arbitraje internacional basado en las reglas de la Cámara de Comercio Internacional como un mecanismo de solución de controversias. El lugar del arbitraje es Miami (Florida). Precisamente, el 29 de noviembre, Minera Panamá presentó una demanda de arbitraje basada en esa cláusula (aunque el comunicado de prensa de FQM la identifica como una disputa de “Corte Internacional de Arbitraje”, lo cual no es el caso).
El 14 de noviembre, FQM presentó la carta de activación para el arbitraje basado en el tratado. De acuerdo con el Capítulo 9.22 del TLC, las partes deben celebrar negociaciones dentro de los próximos 30 días. Por lo tanto, si no se llega a una negociación antes del 14 de diciembre de 2023, FQM puede presentar una demanda de arbitraje.
Una de las demandas que se podrían presentar es la violación de la norma de expropiación (Capítulo 9.11), considerando que el Gobierno de Panamá expropió derechos mineros, debiendo una indemnización basada en el valor justo de mercado de la mina. Además, FQM podría argumentar la violación del trato justo y equitativo con base en el Capítulo 9.06.
Qué esperar
En caso de que el Gobierno de Panamá y Minera Panamá no lleguen a un acuerdo que facilite las operaciones mineras en curso, la controversia se resolverá a través de los dos procedimientos de arbitraje paralelos iniciados. Los arbitrajes petroleros y mineros podrían terminar en indemnizaciones multimillonarias, como lo demuestra la experiencia venezolana.
Además, si no se reanuda la producción de cobre de la mina, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) podría caer entre 1% y 2% el próximo año (desde una estimación original del 5%). Las consecuencias económicas de esta disputa podrían ser aún más significativas, dado que el cobre se considera un mineral crítico para avanzar en la descarbonización de la economía.