Artículos

El ordenamiento jurídico interamericano deriva de instrumentos de Derecho Internacional Público, principalmente la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que se aplican a todos los países del continente americano.
A nivel concéntrico, la Convención Americana sobre Derechos Humanos aplica a algunos países de América Latina y el Caribe.

El 30 de diciembre de 2022 la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la reforma del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Estatuto Democrático) . Se trató, en realidad, de la tercera reforma del Estatuto aprobado inicialmente en 2019.

El artículo analiza las condiciones bajo las cuales las empresas del Estado, como PDVSA, pueden celebrar contratos de interés público nacional previa autorización de la Asamblea Nacional. El estudio se realiza propósito del contrato de emisión de los Bonos PDVSA 2020, por medio de los cuales PDVSA cedió un activo de interés público nacional, como Citgo, violando el control parlamentario previo.

El 27 de diciembre de 2021 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la reforma del Estatuto que rige la transición a la democracia

La moralidad del derecho administrativo es una propuesta encaminada a facilitarla actividad administrativa racional orientada a la promoción del bien común,como respuesta a las críticas recientes sobre la expansión del Estado administrativo enEstados Unidos. En lugar de desmantelar el Estado administrativo moderno, Sunsteiny Vermeule proponen utilizar las ideas de Fuller sobre la «moralidad interna delDerecho», para construir un sistema de principios generales.

El caso de los Bonos PDVSA 2020 ilustra la interaplicación de del
Derecho Mercantil y Constitucional a PDVSA. Aunque PDVSA puede realizar
operaciones de deuda bajo un marco jurídico flexible, en 2016 decidió ceder en
garantía acciones de Citgo Holding, Inc. en una irracional operación de canje
de los Bonos 2017 por los Bonos 2020.

El Derecho Administrativo venezolano y, en general,
las disposiciones del Derecho público aplicables a las
empresas del Estado regulan únicamente a las sociedades domiciliadas
en Venezuela con base en el principio de territorialidad.

La regulación de los hidrocarburos en Venezuela se basa en el modelo del Petro-Estado,
reconociendo un rol marginal a la inversión privada.

En las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, la organización política de oposición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo 112 diputados, es decir, las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, compuesta por 167 diputados.

En 1960, hace ahora cincuenta años, ingresó al Instituto de Derecho Público
de la Universidad Central de Venezuela como Auxiliar de Investigación
el entonces estudiante Allan R. BREWER-CARÍAS. Ese año publica también su
primer artículo jurídico.

La institución del Procedimiento Administrativo podría
decirse que es de reciente data en el Derecho
administrativo. En realidad, surge como suerte de
apéndice del Acto Administrativo, referido en concreto
a su aspecto formal.

La reconstrucción de la industria petrolera venezolana, destruida como resultado de las políticas predatorias adoptadas desde 2002, requerirá importantes inversiones en capital, en especial, para aprovechar la ventada de oportunidades que existe en el contexto de la transición climática. Para lograr ese objetivo es necesario adoptar una profunda reforma jurídica en Venezuela, especialmente, implementando nuevas formas de gestión de las actividades de exploración y producción por medio de contratos públicos petroleros que reflejen las modernas tendencias.

En la evolución de las telecomunicaciones en Venezuela se ha experimentado una serie de cambios que han repercutido en la concepción misma de estos servicios, llegándose a discutir el propio contenido de éstos.

El artículo estudia los orígenes y evolución del contrato administrativo en Venezuela, con especial referencia a su situación posterior a la Ley de Contrataciones Públicas.