¿La administración Trump revocará la licencia de Chevron?

Fuente: La privatización de facto de PDVSA.

Si bien el presidente Donald J. Trump rara vez ha comentado sobre la situación en Venezuela, sus pocas menciones sobre el país sugieren consistentemente que las licencias petroleras emitidas por la OFAC son problemáticas y que Estados Unidos no necesita comprar petróleo venezolano, como he explicado anteriormente. El 18 de febrero de 2025, el presidente Trump reiteró este mensaje, afirmando que la licencia de Chevron está “bajo revisión”

En noviembre de 2022, la OFAC emitió la Licencia General n° 41, que autoriza a Chevron a realizar las actividades de producción y exportación de petróleo a través de las empresas conjuntas (EMs) de PDVSA, en las que la petrolera internacional es accionista minoritario. La Licencia fue otorgada para premiar el acuerdo entre Maduro y la Plataforma Unitaria para “descongelar” miles de millones de dólares en activos bloqueados para financiar la ayuda humanitaria. El acuerdo nunca se implementó, pero sin embargo, la Licencia permanece. 

Cuando la administración Biden emitió la nueva y amplia Licencia para premiar la firma del acuerdo de Barbados -Licencia General n° 44- se aprendió la lección, y la Licencia se otorgó solo por seis meses. Cuando Maduro decidió ignorar el acuerdo de Barbados, la licencia expiró, aunque la OFAC emitió licencias individuales, incluidas a favor de Maurel & Prom y Repsol, que imitan la licencia de Chevron. 

Esas licencias generales e individuales otorgaban a los accionistas minoritarios de las empresas conjuntas el derecho a producir y exportar petróleo. En el caso de Chevron, las exportaciones se limitan a Estados Unidos. Sin embargo, la legislación petrolera venezolana prohíbe expresamente a los accionistas minoritarios realizar actividades petroleras. Para burlar esta prohibición, PDVSA firmó nuevos contratos petroleros amparados por la Ley Antibloqueo, la legislación aprobada por la extinta asamblea constituyente que, violando la Constitución, concentra funciones en el Ejecutivo, desconociendo el sistema de pesos y contrapesos. Debido a esto, los nuevos contratos petroleros, incluidos los “Contratos de Participación Productiva” o CPP, están cubiertos por un velo de confidencialidad.

Las licencias petroleras tienen ventajas y desventajas. Por un lado, han permitido a las empresas petroleras internacionales tradicionales aumentar la producción y las exportaciones en condiciones más transparentes que las del mercado negro. Impulsada principalmente por Chevron y siguiendo las fuentes secundarias de la OPEP, la producción alcanzó un hito en diciembre de 2024, alcanzando los 910.000 barriles diarios. Por otro lado, los CPPs son demasiado débiles para atraer las inversiones privadas necesarias para la recuperación de la industria petrolera. Al mismo tiempo, el declive del Estado de derecho y el colapso estatal obstruyen aún más la producción. Más importante aún, la regla de confidencialidad impuesta por la Ley Antibloqueo empeora la falta de transparencia y contribuye al aumento de la corrupción. Este es un punto importante a considerar, dado que la recaudación fiscalde las actividades petroleras cubiertas por licencias podría estimarse entre 2.100 y 3.200 millones de dólares anuales (considerando únicamente las regalías y otros ingresos relacionados).

Este ingreso fiscal petrolero entra en conflicto con los acuerdos hechos entre la administración Trump y Maduro. Dado el marco institucional existente, miles de millones en ingresos petroleros cubiertos por licencias de la OFAC podrían apoyar políticas depredadoras y grupos criminales, lo que aumentaría los riesgos hemisféricos asociados con la crisis venezolana.

Otro aspecto que a menudo se pasa por alto es que, tarde o temprano, los acuerdos petroleros regidos por licencias chocarán con las deudas impagadas de PDVSA. Las empresas petroleras con licencias son los únicos acreedores que están siendo compensados porque, en medio de la actual falta de transparencia, parece que el 20% de la producción petrolera se destina a saldar las obligaciones de PDVSA con los accionistas minoritarios. 

El Estado de derecho y el colapso estatal impiden la recuperación sostenida de la industria petrolera venezolana, reduciendo su relevancia estratégica. Según la EIA, las exportaciones de petróleo venezolano a EE.UU. representan aproximadamente el 3,5% del total de las importaciones estadounidenses. Para aumentar esos volúmenes, las empresas petroleras internacionales necesitan más que una licencia. 

Por lo tanto, no es de extrañar que el gobierno de Estados Unidos considere que el petróleo venezolano es irrelevante para la seguridad energética. Si bien esto no implica que las licencias petroleras serán revocadas, se consideran insignificantes en lo que respecta a la seguridad energética. No obstante, ellas pueden desempeñar un papel en las negociaciones en curso entre la administración Trump y Maduro, que se centran en temas migratorios y de seguridad derivados de la organización criminal Tren de Aragua.

La revocación de licencias, especialmente la Licencia General n° 41, es un desafío. Es por eso que la Licencia está configurada para renovarse automáticamente cada seis meses el primer día de cada mes. Esta configuración favorece una reducción gradual en lugar de una interrupción abrupta de las operaciones. Por ejemplo, si la OFAC decide no renovar la licencia antes del 1 de marzo, Chevron tendría seis meses para reducir sus operaciones. Sin embargo, los activos y el personal de Chevron siguen siendo vulnerables incluso con este enfoque gradual. Tras las recientes acciones de expropiación dirigidas a la próspera industria camaronera, Maduro continúa aplicando políticas agresivas.

Otro factor a tener en cuenta es que la revocatoria de las licencias petroleras no mejorará las condiciones dentro del sector. En última instancia, Maduro podría atraer a nuevos operadores petroleros en virtud de la Ley Antibloqueo, lo que podría mantener las exportaciones a través del mercado negro. Un ahorro del 20% compensará cualquier disminución de la producción, pues PDVSA no tendrá que compensar su deuda con los accionistas minoritarios. 

Se pueden extraer dos conclusiones. En primer lugar, el petróleo venezolano tendrá una importancia limitada hasta que se implementen reformas institucionales sustanciales para impulsar la producción, una tarea desafiante dado el panorama político actual. En segundo lugar, la importancia del petróleo dependerá de la agenda más amplia para Venezuela, que aún se está desarrollando.