¿Puede el Gobierno de Maduro suspender el plazo de prescripción de los bonos de Venezuela?
El 30 de marzo de 2023, el Ministerio de Finanzas y PDVSA anunciaron la suspensión del plazo de prescripción aplicable a los bonos venezolanos. Sin embargo, hay un problema: Nicolás Maduro no puede representar legalmente al Gobierno de Venezuela en los Estados Unidos.
Los bonos emitidos por la República y PDVSA, sujetos a la Ley de Nueva York, se rigen por un plazo de prescripción de seis años. Si los tenedores de bonos no presentan un reclamo dentro de los seis años posteriores al incumplimiento del emisor, perderán el derecho a intentar demandas. Maduro anunció el incumplimiento de la deuda en noviembre de 2017, por lo que el período de seis años podría expirar pronto. Dos posibles soluciones son, por un lado, negociar una extensión del lapso y, por el otro, presentar una demanda antes de la expiración del estatuto.
Maduro está intentando un nuevo enfoque: la República y PDVSA anunciaron la suspensión unilateral del plazo de prescripción. La verdadera pregunta no es si el emisor puede modificar unilateralmente el lapso establecido en los acuerdos de emisiones, sino si Maduro puede representar legalmente al emisor. Y la respuesta es no.
El Gobierno de los Estados Unidos no reconoce al Gobierno de Maduro desde el 23 de enero de 2019. Esto significa que Maduro no puede representar legalmente a la República o a PDVSA. Esta representación legal se trasladó al presidente de la Asamblea Nacional de 2015, actuando como presidente encargado, desde el 23 de enero de 2019 hasta el 3 de enero de 2023. Pero la Asamblea Nacional decidió eliminar la figura del presidente interino, por lo que ni Maduro ni la Asamblea Nacional de 2015 pueden representar legalmente al Gobierno de Venezuela en los Estados Unidos.
Es importante señalar que el Gobierno de los Estados Unidos no ha reconocido a la Asamblea Nacional de 2015 como el titular de la Presidencia de Venezuela. Aunque el Gobierno de Estados Unidos apoya a la Asamblea Nacional de 2015, eso no significa que la reconozcan como representante legal de Venezuela en Estados Unidos.
Además, el Consejo Administrativo de Protección de Activos creado por la Asamblea Nacional tampoco ha sido reconocido como representante legal del Gobierno de Venezuela. Este Consejo es una comisión parlamentaria, no un órgano ejecutivo, y no puede ejercer la autoridad de la Presidencia de acuerdo con la Constitución de Venezuela. Por lo tanto, el Consejo tampoco puede representar legalmente al Gobierno de Venezuela en los Estados Unidos.
En consecuencia, la oferta unilateral realizada por el Gobierno de Maduro no tiene ningún efecto vinculante en los Estados Unidos y no puede modificar el plazo de prescripción de acuerdo con la Ley de Nueva York. Y como resultado de la decisión adoptada por la Asamblea Nacional, tampoco es posible implementar la oferta de Maduro a través de la Presidencia Encargada.
Una posible estrategia audaz, dada la ausencia de un Gobierno legalmente reconocido de Venezuela, es reclamar ante los tribunales estadounidenses que, como Gobierno no reconocido, Maduro tiene la autoridad para representar a Venezuela. Maduro ha intentado esta estrategia en el pasado, pero fracasó debido al reconocimiento legal del presidente encargado. Bajo las condiciones actuales esta estrategia podría prosperar, pero el estatus del Gobierno de Maduro en los Estados Unidos estaría severamente restringido.
El tiempo corre y los problemas del lapso de prescripción no se resolverán solos. Pero antes de que se pueda hacer algo, se debe responder una pregunta crucial: ¿quién es el Gobierno de Venezuela legalmente reconocido en los Estados Unidos? Hasta que se resuelva este problema, cualquier intento de abordar el problema de la prescripción será en vano.