El modelo Chevron y la recuperación económica venezolana
El colapso económico venezolano comenzó a desacelerarse en 2018. Desde 2021, la economía comenzó a crecer a un ritmo modesto. Además, la inflación -transformada en hiperinflación- también disminuyó alrededor de 2021. La mejora económica en Venezuela fue considerada, por muchos, como una señal de un cambio en las políticas económicas hacia un modelo más pragmático y favorable a la inversión privada.
Como expliqué en mi libro más reciente sobre el colapso del Petro-Estado en Venezuela, el sector petrolero reflejó esta mejora. En 2010 la producción de petróleo comenzó a colapsar, de 2.853,6 mil barriles por día (Mbbl) a 570 Mbbl en 2020. Sin embargo, el colapso se revirtió en 2021: en mayo de 2023 -basado en fuentes secundarias de la OPEP– la producción de petróleo aumentó a 735 Mbbl.
Como explican Monaldi y Palacios, muchos factores (que van desde la dinámica del mercado petrolero hasta consideraciones geopolíticas) pueden explicar la recuperación de la industria petrolera. Entre esos factores, en mi libro analicé, con detalle, lo que llamo la privación de facto de la industria petrolera, es decir, la transferencia de activos y derechos de PDVSA y sus filiales a inversionistas privados o Gobiernos extranjeros, como Irán, sin las formalidades prescritas por el Derecho Constitucional venezolano. Parte de esos acuerdos incluye a actividades ilícitas, como concluyóTransparencia Venezuela en 2022. La dimensión de esas actividades ilícitas se hizo evidente en marzo de 2023, con los escándalos de cleptocracia en PDVSA que podrían haber afectado a 20 mil millones de dólares.
La privatización de facto de PDVSA comenzó en 2016 cuando la corporación petrolera nacional prometió todas las acciones de Citgo Holding Inc. a los tenedores de Notas 2020 y Rosneft. En 2018, la privatización allanó el camino para los acuerdos de servicios petroleros, en los que las empresas privadas asumieron actividades que, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, solo pueden ser realizadas por PDVSA y sus afiliados.
El último capítulo de esta privatización de facto es el acuerdo de servicio técnico (TSA) que, según los medios, se firmó entre Chevron y PDVSA luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) otorgara la Licencia General 41 en noviembre de 2022. Como expliqué en mi libro -después de analizar cuidadosamente la información disponible- la LG 41 autoriza a Chevron a realizar operaciones petroleras más allá del alcance limitado de las actividades que la empresa puede emprender como accionista minoritario de las empresas mixtas. Parece que Chevron asumió la producción, mejoramiento y exportación de petróleo, básicamente, para cobrar su deuda con PDVSA, relacionada con los acuerdos firmados en 2013 para aumentar su participación en actividades petroleras.
El “modelo Chevron” se refiere, entonces, a la privatización de las actividades petroleras, es decir, la transferencia de derechos y actividades de las filiales de PDVSA a empresas privadas. Esta privatización es informal o de facto porque no se basa en la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y los Acuerdos de la Asamblea Nacional que autorizan la creación de las empresas mixtas entre la CVP -filial de PDVSA- y Chevron. Esa regulación prohíbe a Chevron controlar directamente las actividades de producción y exportación. Sin embargo, esas actividades parecen haber sido asumidas por Chevron.
Además, la privatización de la industria petrolera es un proceso de facto porque no se basa en una política de privatización implementada siguiendo los principios de legalidad y transparencia. De hecho, no ha habido un cambio formal en las políticas actuales de PDVSA, que al menos en teoría, todavía se basan en el modelo socialista implementado en 2002, y que destruyó a la industria petrolera.
De acuerdo con las políticas socialistas de PDVSA y la regulación de hidrocarburos, solo el Gobierno venezolano, a través de PDVSA y sus filiales, incluidas las empresas conjuntas, puede emprender la producción y exportación de petróleo. En la práctica, parece que Chevron, basada en la LG 41 y la TSA, está controlando esas operaciones. Por lo tanto, esta privatización de facto se basa en razones pragmáticas: debido a su colapso, PDVSA no puede cumplir con las tareas operativas y financieras que, según la regulación aún vigente, debe realizar. Por lo tanto, esas tareas fueron transferidas a Chevron.
Esta es una buena política, pero mal implementada. Como he explicado desde 2018, es necesario derogar las restricciones legales que impiden que la inversión privada realice actividades primarias (incluyendo producción). PDVSA no puede asumir esas inversiones y debe quedar sujeta a una profunda reestructuración debido a sus responsabilidades civiles y penales. De esa manera, Chevron y otras compañías petroleras nacionales e internacionales deben asumir esas actividades para reconstruir la industria petrolera en Venezuela. Pero ello requiere de un nuevo marco institucional que garantice derechos privados, aumente la seguridad jurídica de los contratos petroleros y cumpla con los estándares internacionales de transparencia en las industrias extractivas y los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
Sin embargo, no hay transparencia en los acuerdos de Chevron que, hasta ahora, no son públicos, ni han sido controlados por la Asamblea Nacional. No hay información pública sobre cómo se administran los ingresos fiscales petroleros. Además, no hay transparencia con respecto a los estándares ESG, un punto débil, considerando los daños ambientales atribuibles al Gobierno de Venezuela.
No hay atajos para promover la recuperación económica de Venezuela. Para catalizar el desarrollo inclusivo y sostenible, el “modelo Chevron” debe pasar de un ámbito de facto a un ámbito de iure, cumpliendo con los principios básicos incorporados en la Constitución, como legalidad, transparencia, rendición de cuentas y la justicia social. La política más desafiante -permitir las empresas privadas en una industria petrolera tradicionalmente controlada por el Gobierno- ya se haya implementado. Ahora es el momento de transformar a Chevron en un modelo de desarrollo inclusivo. Para ello, Venezuela debe aprender las lecciones del restablecimiento del Estado de Derecho en condiciones extremas.