El Acuerdo de la Asamblea Nacional que extiende el plazo de prescripción de la deuda venezolana
Fuente: Asamblea Nacional de 2015
Mediante Acuerdo aprobado el 8 de agosto de 2023, la Asamblea Nacional de 2015 decidió extender el plazo de prescripción hasta el 31 de diciembre de 2028, en relación a los bonos de la República. Además, la Resolución sugirió que los entes descentralizados, como PDVSA, adopten una decisión similar.
En términos generales, los bonos emitidos por la República y PDVSA sujetos a la Ley de Nueva York tienen un plazo de prescripción de seis años. Dentro de ese lapso, los tenedores de bonos pueden presentar reclamaciones en caso de incumplimiento contractual. De lo contrario, perderán el derecho de ejercer recursos legales.
Venezuela comenzó a incumplir con los bonos en octubre de 2017, lo que significa que, a partir de octubre de 2023, los tenedores de bonos enfrentarán gradualmente las consecuencias de perder el derecho a ejercer recursos legales en relación con cada infracción contractual. Como expliqué en otro lugar, existen dos formas de evitar esas consecuencias: (i) ejercer recursos legales o (ii) firmar un acuerdo de prórroga u otro documento legal por parte del emisor, extendiendo la cláusula de prescripción.
Maduro ha intentado modificar el plazo de prescripción. Sin embargo, no actúa como el representante legal del Gobierno venezolano en los Estados Unidos. Tras la disolución de la Presidencia Interina, surgen incertidumbres en cuanto a la autoridad de la Asamblea Nacional de 2015 para representar legalmente al Ejecutivo venezolano.
En cualquier caso, el Acuerdo parecen ser solo un paso en las acciones legales necesarias para extender efectivamente el plazo de prescripción, siguiendo las formalidades del Derecho Público de Venezuela y el Derecho de los Estados Unidos.
En relación con PDVSA, es necesario contar con una decisión vinculante por parte del órgano que representa legalmente a la empresa petrolera nacional venezolana en los Estados Unidos, representación que desde 2019 ha sido ejercida por la junta ad-hoc de PDVSA.
La situación de la Asamblea Nacional de 2015 es más complicada debido a la incertidumbre sobre la representación legal del Ejecutivo venezolano como emisor de los bonos de la República.
En cualquier caso, los problemas en relación con el plazo de prescripción aún no estén resueltos, pues se requiere una implementación adecuada, considerando la interacción entre el Derecho de Nueva York, el reconocimiento del Gobierno de Venezuela en los Estados Unidos y el Derecho Público venezolano.