¿Puede la economía venezolana crecer sin mecanismos de mercado?

Los economistas han llamado la atención sobre el crecimiento económico que Venezuela podría haber registrado en 2021, poniendo así fin a la caída sistemática del producto interno bruno (PIB). En un país sin fuentes oficiales de información de datos económicos, cualquier estimación es siempre tarea arriesgada. En todo caso, como factores para explicar este crecimiento se ha mencionado a la “liberalización económica”, esto es, la inaplicación de los controles centralizados sobre la economía, en especial, los controles de precio y de cambio, en un contexto caracterizado, además, por la dolarización transaccional. Esas condiciones, precisamente, marcarían la fragilidad del crecimiento y la persistencia de la desigualdad. En todo caso, las condiciones antes mencionadas podrían poner fin a la hiperinflación, pero con severas restricciones que causarían una hipoxia económica. O sea, que a la economía venezolana le faltará “oxígeno”, como sucede con algunos pacientes aquejados de coronavirus.

Desde el punto de vista jurídico interesa en todo caso determinar si en Venezuela puede haber crecimiento sin mecanismos de mercado, esto es, las reglas jurídicas que asignan derechos económicos y fijan mecanismos de solución de controversias, en especial, para el cumplimiento de contratos. Este tema lo analizo en un libro que acabo de publicar sobre el colapso de los controles de precio y de cambio en Venezuela.

El colapso de Venezuela y la destrucción de los mecanismos de mercado

Habría que empezar recodando cómo se produjo el colapso del PIB en Venezuela, solo comparable con países que han atravesado guerras. Algunos han sugerido que ese colapso se ocasionó por el exceso de gasto durante el boom petrolero y la ruptura de Venezuela con el comercio internacional, consecuencia de las sanciones y de un “conflicto político económicamente destructivo”. Sin embargo, este análisis no puede sostenerse en las evidencias.

Así, como explico en mi libro, el origen inmediato del colapso económico comenzó mucho antes del boom petrolero populista. Ese colapso inició en 1999, cuando el Estado de Derecho fue desmontado con la inconstitucional constituyente que permitió a Chávez desplegar sus políticas autoritario-populistas, en especial, para violar los mecanismos de mercado con los controles centralizados de precio y de cambio impuestos en 2003. Para asegurar que esos controles no fuesen controlados por el Poder Judicial -a quien corresponde la defensa de los derechos económicos- en 2004 se consolidó la politización del Tribunal Supremo de Justicia, avanzando en la destrucción de los mecanismos de mercado.

Los efectos de estas medidas fueron silenciados por la expansión del gasto público, no solo como resultado del boom de los precios de petróleo sino también del irresponsable endeudamiento público. Con lo cual, mientras el crecimiento del gasto público generaba una ilusión de bienestar, el modelo autoritario-populista terminó de destruir los mecanismos de mercado, con controles centralizadas e ilegítimas medidas expropiatorias. Con ello, como apuntan Hausmann, Santos y Barrios,  se suprimió la capacidad de la sociedad civil para satisfacer sus propias necesidades.

Un componente clave del desmantelamiento del Estado de Derecho fue el control político de los órganos y entes del Poder Ejecutivo, incluyendo el BCV y PDVSA. Así, la autonomía de PDVSA fue violada al punto que la empresa se convirtió en simple instrumento político para financiar el modelo socialista y, como ha concluido el Departamento de Justicia de Estados Unidos, promover actividades económicas ilegales. La producción de PDVSA comenzó a caer, justo cuando era necesario contar con divisas para mantener las importaciones y, en especial, el pago de la irresponsable deuda pública. De nuevo, la caída de la producción petrolera fue resultado de medidas que pudieron adoptarse pues el Estado de Derecho -y los mecanismos de mercado- se habían destruido.

Para 2014 era evidente que tal modelo económico se había agotado. Pero Maduro optó por mantener las mismas políticas predatorias. Sin petro-dólares que repartir, la destrucción de los mecanismos de mercado y del Estado de Derecho se tradujeron en una crisis económica marcada por escasez, desabastecimiento e inflación, que en 2017 mutó a la hiperinflación.

Pero en paralelo se presentaba otro fenómeno: el colapso gradual de la capacidad del Estado venezolano para cumplir con sus cometidos, incluyendo el ejercicio del monopolio legítimo de la violencia para el control del territorio nacional. En especial, la capacidad de las Administraciones Públicas de mantener la coacción sobre los controles centralizados comenzó a colapsar, al tiempo que el Gobierno se quedaba sin divisas para repartir.

El colapso de los controles centralizados

Esto llevó al colapso del control de cambio, que el régimen de Maduro certificó en 2018 con la supresión de la centralización del mercado de divisas en el BCV y la “derogatoria”
  -más política que jurídica- de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos. Pero esa medida no estuvo acompañada del restablecimiento de los mecanismos de mercado para ejercer la libertad cambiaria, lo que llevó a preservar los arreglos informales, como la dolarización de facto. Sin capacidad para mantener el monopolio de las importaciones, el régimen de Maduro optó por desaplicar controles a la importación. Asimismo, los controles de precio fueron inaplicados, ante la incapacidad de asegurar su cumplimiento. El efecto acumulado de ello anterior fue la modificación del panorama de los anaqueles vacíos por los anaqueles llenos de productos importados. Es lo que, con acierto, se ha llamado la pax bodegónica.

Como los controles centralizados decayeron como resultado del colapso del Estado, entonces, el emprendimiento privado represado comenzó a florecer. Junto a esas actividades económicas lícitas, también la imperante informalidad económica -signo del Estado fallido- auspició actividades económicas ilícitas, incluyendo el lavado de dinero. El contraste es evidente: en un país cuya crisis ha empujado el mayor flujo migratorio en la región, comenzaron a aflorar los casinos.

Estas actividades económicas -unas lícitas, otras no tanto- empujaron el crecimiento económico. Pero, desde el punto de vista jurídico, los mecanismos de mercado no han sido restablecidos, en el sentido que en Venezuela no tienen vigencia efectiva los derechos económicos de libertad de empresa, propiedad privada y libertad de contratación. Tampoco existen mecanismos de solución de controversias como resultado de la destrucción del Poder Judicial. Por ello, en Venezuela no hay espacios de libertad, sino espacios de tolerancia económica surgidos en las áreas que el Estado, por su fragilidad, ha dejado desentendidas. Por ello, esos espacios de tolerancia existirán mientras no entren en la esfera de interés del régimen o sus aliados. Si ello sucediese, el régimen reprimiría selectivamente, en especial pues todavía se mantienen en vigor normas jurídicas claramente predatorias, como las que corresponden al precio justo o a la criminalización de actividades económicas.

El restablecimiento de los mecanismos de mercado

Sin mecanismos de mercado -o como señalan Acemoglu y Robinson, “instituciones económicas inclusivas- no puede haber crecimiento económico inclusivo y estable, sino a lo sumo, un crecimiento inestable y discriminatorio. Por ello, como explico en mi libro, el caso de Venezuela no es comparable con la transición de las economías soviéticas o con el modelo chino. En ambos casos -con las naturales diferencias- se restablecieron mecanismos de mercado, o sea, se fijaron reglas claras y estables que facilitan el libre intercambio de bienes y servicios. Esas reglas no existen en Venezuela, pues como expliqué, solo hay zonas de tolerancia económica.

Así que la verdadera cuestión no es si Venezuela va a crecer, sino si ese crecimiento puede ser estable e inclusivo. En mi libro explico, desde una perspectiva jurídica, por qué no hay condiciones para este crecimiento de calidad. Así, al no haberse restablecido los mecanismos de mercado, no existen condiciones que promuevan el libre intercambio de bienes y servicios de manera eficiente, ni la sociedad civil tiene puede satisfacer sus necesidades.

El restablecimiento de los mecanismos de mercado pasa por una comprensiva reforma legislativa, no solo para desmontar las reglas jurídicas predatorias impuestas desde 2003, sino además, para fijar un marco jurídico adecuado para la economía social de mercado. Esta es una reforma ciertamente monumental, que no puede limitarse a retrotraer el Derecho económico a su situación en 1999, pues lo cierto es que para ese entonces existían reglas contrarias a los mecanismos de mercado e inspiradas en el Petro-Estado. En el corto plazo, sin embargo, la prioridad debería orientarse a introducir las reformas más imperiosas, materia que pude trabajar en una propuesta de Ley ómnibus, esto es, una Ley que resume todas esas reformas legislativas necesarias en lo inmediato.

Sin embargo, el restablecimiento de los mecanismos de mercado ya no es un objetivo que dependa solo de reformas legislativas. En realidad, la primera restricción al crecimiento económico en Venezuela es la ausencia de un Estado capaz. Como destaca un reciente estudio del BID, el principal obstáculo a la empresa privada ya no deviene de los controles centralizados -hoy colapsados- sino del colapso del Estado y su incapacidad para proveer bienes y servicios esenciales, desde la seguridad ciudadana al suministro eléctrico, pasando por la administración de justicia por órganos imparciales e independientes que puedan garantizar el cumplimiento de los mecanismos de mercado.

Por ello, el crecimiento económico estable e inclusivo, necesario para superar la emergencia humanitaria compleja, requiere restablecer los mecanismos de mercado y la capacidad del Estado para asegurar su cumplimiento efectivo.

La encrucijada de la economía venezolana

El colapso del Estado ha llevado al régimen autoritario ha reconocer la necesidad de la inversión privada. Sin embargo, la apuesta es promover esa inversión sin mecanismos de mercado. Frente a esta opción, está la propuesta que explico en mi libro: restablecer los mecanismos de mercado al tiempo que se reconstruye la capacidad estatal.

La encrucijada de la economía venezolana alude a las dos alternativas que actualmente existen en el contexto de la crisis política: procurar esa recuperación por medio de la “ley constitucional anti-bloqueo”, o procurar esa recuperación en contexto de una reforma integral que incluya el restablecimiento de los mecanismos de mercado. Esto es, procurar la recuperación por medio de reglas económicas contrarias a los derechos económicos, o promover la recuperación económica por medio de reglas que promuevan esos derechos. En otras palabras: la encrucijada entre el crecimiento estable para todos o el crecimiento precario para algunos.